Los ciudadanos amanecimos el pasado martes con una confusión mayor: el PRI pidió que los diputados no tengan fuero y planteó que la posibilidad del relevo presidencial sean parte de una nueva legislación mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Manuel Bartlett e instruyó se inicie un juicio contra Germán Martínez Casares quien, siendo legislador, responsabilizó al priista de ser autor del fraude electoral de 1988 y del homicidio del periodista Manuel Buendia.

La idea de que los diputados ya no puedan injuriar protegidos por su fuero suena más que atractiva, pero abrirle juicio a Germán Martínez por acusar a Bartlet de todo lo que todos estamos convencidos que hizo, pues suena a despropósito.

Realmente es atractivo como ciudadano observar que los legisladores tendrán que ser más cautos y respetuosos con sus epítetos porque, hay que decirlo, hay gente como Gerardo Fernández Noroña cuya verborrea ofende a tirios y a troyanos.

El que acusa está obligado a probar, dice una máxima jurídica, pero el libertinaje de la acusación fácil y hasta falsa con conocimiento ha ido minando la vida institucional del país y también han generado un alto grado de repudio e indiferencia porque les ha quitado a los legisladores el uso de la tribuna para argumentos verdaderos y serios.

La decisión de la Corte debe valorarse y acatarse, lástima que sea para darle su lugar a un político mexicano que, desde hace lustros, merecía estar en prisión.

Paradójico pero necesario.

Y en ese mismo tono, resulta muy ilustrativo ver que la bancada del PRI presenta una serie de elementos como parte de su propuesta de reforma política, pero resulta que sólo es de los senadores que encabeza Manlio Fabio Beltrones y no tiene el aval de la presidenta de ese partido, Beatriz Paredes Rangel y menos de los diputados que lidera (¿) Francisco Rojas Gutiérrez.

La visible división al seno del PRI hace ver que los temas coyunturales de ese partido no están siendo asimilados de manera colegiada, ni con consensos sino más bien son usados por sus diferentes actores políticos como elementos de lucimiento personal en aras de sus propios proyectos políticos rumbo al 2012.

No cabe duda que quien hoy salga a vanagloriarse de que el PRI ya está en la cochera de Los Pinos no tiene idea de la auténtica pugna que se libra hoy en los sótanos del edificio de Insurgentes Norte.

El control del Congreso lo ¿comparte? Beatriz con Peña Nieto y Fidel Herrera, pero en el Senado el que ¿manda? es Manlio. Y los demás gobernadores, los demás factores de poder político ¿dónde están?

La nota que publica Reforma el pasado martes sobre cómo se desquebraja la CTM y como se diluyen los otros “sectores” de ese partido, deja muy claro que la operación política real se trasladó a las entidades que gobierna y, pues esos gobernadores, tratarán de cobrar sus cuotas, luego de haber financiado a ese partido.

Por cierto, leí hace algunos días que Jorge Carlos Hurtado Valdez ocupa una posición en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido relativo al fortalecimiento municipal. ¿Será por cómo se desempeñó como alcalde? o ¿como pago porque financió al PRI desde Campeche con dinero de los campechanos durante su administración?.

La realidad es que no hay un elemento sólido que permita decirle a los campechanos capitalinos que Hurtado fue un alcalde rescatable y sí todo su mérito se refiere al contraste de gentileza y bonhomía  ausente de la política del patio en el sexenio anterior, pues se entiende, pero por resultados ni en un cargo ni en otro hay mucho que resaltar.

Ojala que a los priistas a quienes asesore ahora les indique cómo se pasa sin dejar huella, para que no lo repitan.