¿A quién le conviene la guerra contra el narco?, ¿los mexicanos que aparecen muertos a diario por el país son todos lo mismo?, ¿se puede pensar en elecciones en Tamaulipas, Chihuahua u otras entidades donde la sicosis es real y de todos los días?

La verdad es que criticarle al presidente Calderón la iniciativa de combatir al flagelo no puede ni debe ser cuestionada. Nadie, en los 70 años de priato se atrevió a hacer algo real y sólido y si nos queda a los mexicanos la idea clara de que complicidades y hasta negocios mutuos hubo. Incluso, el senador Ricardo Monsreal recordando su pasado priista decía que hubo pactos para la actuación del narco y la anuencia del gobierno.

Hoy, la sociedad le exige al gobierno resultados, reestructurar la lucha, tratar de encontrar otros caminos, pero la verdad es que los resultados tienen mucho de su base en la conducta que sigan todos los legisladores.

Lo primero que se necesita es fortalecer la ley, acabar con esos márgenes que permiten a los criminales caminar casi al lado de los ciudadanos.

El Ejército Mexicano exige que se le den los elementos jurídicos para seguir al frente de esa lucha y las autoridades no terminan de ponerse de acuerdo en cómo lograrlo. El rayo de luz de los senadores de asegurar que le darán velocidad a la propuesta del presidente que pretende darle más solidez a esa lucha, pareciera alumbrar algo que nos está dejando sin esperanzas a todos los mexicanos.

Las escenas que aparecen en vídeos locales de Tamaulipas (ver ultimapalabra.mx) dicen todo lo que cualquiera de nosotros pudiera expresar.

Es crudo, es duro, es desagradable, pero nada de eso tiene el peso que soportan quienes viven esa realidad todos los días, la de despertar con los muertos frente a sus casas, donde permanecieron escondidos suplicando que no les toque una bala perdida.

¿Pueden dormir tranquilos alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y el propio presidente? Es difícil asegurarlo, pero lo cierto es que los mexicanos comunes, los que bregamos todos los días para lograr crecer, salir adelante, sentimos que el desconcierto del país sólo se logrará si se ponen de acuerdo.

Y el acuerdo tiene que partir de lo fundamental: nuevas leyes y nuevas actitudes hacia ellas porque hemos sabido hacerlas perfectas para no atenderlas, para evadirlas, para no aplicarlas y menos respetarlas.

Deberían las autoridades, primero, darnos a los mexicanos la señal de que van juntos, en la misma vía y cada uno deja de lado el interés que los mueve. ¿será mucho pedir? Ya es hora de que haya colaboración y no tanta mezquindad.

Los gobiernos estatales han demostrado hasta hora que sólo aplican las leyes que les convienen y no parecen convencidos de reflejar en sus haciendas los beneficios o perjuicios, en su caso, a los contribuyentes sin tener que responsabilizarse ellos de los buenos y la federación de los malos.

Que no se equivoquen: los ciudadanos lo mismo llevaron al poder a uno que a otros y si bien es verdad que hay muchos matices, la realidad es que los triunfos locales han pasado más por el férreo control priista que por la convicción ciudadana de sostener esas administraciones.

En entidades conservadoras y con muchos problemas de autonomía económica, apostarle a un cambio democrático es difícil porque significa modificar el modus vivendi de buena parte de una población que prefiere mantener el confort o, de plano, teme arriesgarse a perder, como sucede en una democracia, sus niveles de vida actuales.

Hoy, creer, por ejemplo, que Campeche está a salvo del narco y no tener lista ya una ley de extinción de dominio y los demás elementos jurídicos indispensables para consolidar la protección y evitar que haya infiltración, parece torpe.

¿Habrá que esperar a que se ahogue el niño para tapar pozo? Lo cierto es que deberíamos estar viendo lo que pasa en otros estados para no dejarle el bulto Lugo al gobierno federal y salir a gritar que ellos tienen la culpa de lo que en Campeche no se hizo.

Colaboración o mezquindad, esa es la definición que los ciudadanos necesitamos.