La sedición de estos inconformes fue sofocada y controlada a tiempo cuando el procurador de justicia, Renato Sales, acudió personalmente a dialogar con los familiares de la víctima y se comprometió a aclarar el caso lo más pronto posible,  ya sea castigando a los responsables o presentando el informe de la necropsia del fallecido. El gobernador Fernando Ortega Bernés, como lo ha dejado muy en claro desde el primer día de su administración, reiteró que no tolerará actos que violenten el orden público y que aplicará todo el peso de la ley a los alborotadores. 

Ciertamente, el gobierno estatal ha sido sometido a prueba, como sucedió anteriormente con los actos vandálicos de Luis Antonio Che Cu en contra el busto de Juan Camilo Mouriño. En ambos casos, el gobierno estatal ha permitido la libre manifestación de ideas, pero cuando se rebasan los límites legales ha actuado en el marco de la ley, como sucedió en El Carmen. La ciudadanía puede sacar sus conclusiones acerca de cuáles son esos grupúsculos que buscan alterar la paz. Por ello, es necesario cerrar filas y exigir castigo a los revoltosos de El Carmen –un reducido grupo de taxistas- y de Campeche –como Che Cu que volvió a manifestarse el fin de semana frente al Ayuntamiento. No se vale que por unos cuantos se proyecte al país una imagen totalmente distinta a la de Campeche.