Su utilidad hizo que posteriormente  -en julio del 2007- quedara reformado el artículo Sexto constitucional quedando garantizado que toda la información en poder de cualquier autoridad, entidad, organismos federales, estatales y municipales sea pública, y que sólo pueda quedar reservada temporalmente -de manera excepcional- por razones de interés nacional aquella que, si fuera divulgada, pudiera afectar un bien valioso para la comunidad.

Con ciertas resistencias, los gobiernos de los estados fueron aprobando sus leyes de transparencia locales. En Campeche, como se recuerda, la ley al respecto fue aprobada por la LVIII Legislatura –en 2005-, pero precisamente su premura dejó lagunas legales que hoy son motivo de discusión –y probable revisión- en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ciudadano campechano que acuda a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotaipec) y solicite información sobre los recursos de una dependencia, por ejemplo, podría esperar hasta un año y medio la respuesta, si el ente público lo considera reservado y recurre al Tribunal Superior de Justicia.

El principio básico de la ley de transparencia es que todos los ciudadanos tienen el derecho a obtener información expedita, y en Campeche no se está cumpliendo. Es una falla que fue detectada por la fracción del PAN y por eso la llevó a la SCJN. Ahora la aportación de Campeche podría ser benéfica para la democracia, pues habría una rectificación de nuestra ley de parte de la SCJN. De lo contrario, el retroceso sería serio.