Que nadie se asuste y que nadie descalifique. El PRI se ha aliado en algunas entidades con el PT, en otras con Convergencia y hasta con el Verde y el Pana. La alianzas son exclusivamente para lograr ganar elecciones. O ¿acaso vemos encumbrados en los gobiernos priistas a petistas, convergentes o verdes? No, siempre les dan migajas.

Cuando el PRI habla de ponzoña por la creación de la alianza opositora, pareciera olvidar muchos argumentos que podrían revertírsele.

En los estados que gobierna, el PAN y el PRD también está complicado en este tema, el PRI tiene el estigma de posibles vínculos con el narco, pero a diferencia de los panistas y perredistas, el PRI trae a sus gobernadores señalados como cómplices y usufructuarios de pactos con la delincuencia organizada. Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa son algunos de los ejemplos más claros y visibles.

En el caso de cómo se gobierna, el PRI no puede decir que el lema de la revolución lo ha cumplido. Entidades en los que nunca ha habido alternancia significan con claridad el control político hegemónico de una casta tricolor que controla el aparato electoral y el económico.

Entidades donde el gobierno significa la única posibilidad de ingresos ya sea por contratación laboral o por proveeduría, han logrado mediante el temor someter a opositores y a gente que desea un auténtico cambio, pero que teme que se le lesionen sus ingresos. Dinero mata convicción, por desgracia.

En el caso de la alianza propuesta por el PRD-PAN no debe de haber equivocaciones: van a aliarse para destronar caciques y no creo que haya nadie que no entienda por qué se hará en Oaxaca, Puebla, Hidalgo, por citar algunas.

En Yucatán, el caso más cercano, hemos visto como Ivonne Ortega ha reciclado los vicios de su difunto tío y no sólo se ha usado a la Procuraduría para acosar a sus detractores sino que en algunos municipios el PRI recurrió a la fuerza para desalojar alcaldes de sus ayuntamientos a punta de golpes.

El PRI ha encontrado que en las entidades los gobernadores son corruptos, no obedecen las leyes, compran los congresos y maniatan a la oposición. Usan la Contraloría y a los órganos de fiscalización de sus Congresos para amedrentar a los alcaldes, para someterlos y cuando no son gente que se intimide, pues a fincarles responsabilidad.

La manera como han actuado los gobernadores, en el caso de la última elección, de lograr los carros completos sólo tenía como objetivo fortalecerse en el Congreso para desde ahí iniciar una contraofensiva contra el gobierno federal y evitar que la única forma de restringirles su activismo fuera nulificada.

Vemos lo que pasó con las normas de operación de los programas sociales que prácticamente quedaron a su disposición para la manipulación electoral y vemos cómo también se abultó los presupuestos en las entidades donde hay renovación de autoridades.

Quitarle la ponzoña a la alianza sería tanto como exigirle a los gobernadores priístas y a sus alcaldes, diputados federales y locales que jugaran limpio, y no es que haya suciedad en cuanto a la unión de las dos más sólidas fuerzas de oposición, pero parece que al fin les quedó claro que o se unen y cambian las leyes como se gobierna el país o, de plano, el triunfo del PRI en los comicios del 2010 hará que su hegemonía y su consolidación los lleve a retomar el control político total y el carro completo, pero además blanda la espada flamígera contra todos aquellos que le representan una amenaza.

No hay que ser malos y llorones. Tener gobernadores como Ulises Ruiz al que la corte culpa de violación a los Derechos Humanos, como Mario Marín que fue descubierto en su red de complicidades con pederastas, Eugenio Hernández y su vinculación al narco o Félix González Canto correo económico en la campaña de Hendricks con recursos públicos que le entregaba Mario Villanueva, no son cartas que puedan justificar ante la sociedad sus buenos oficios.

En las elecciones, como el PRI ha demostrado, prácticamente todo se vale. Que no griten y se quejen cuando sus mañas se usan contra ellos.